Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución impulsada por Costa Rica y otros ocho países ante dramática situación en Nicaragua

Redacción, 18 julio 2018 (noticiasalinstante.cr) – El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presidido por la Embajadora costarricense Rita Hernández, aprobó este miércoles una resolución, impulsada por Costa Rica y otros ocho países, para condenar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en la República de Nicaragua.

Las delegaciones proponentes realizaron todos los esfuerzos necesarios para incluir las preocupaciones de otros Estados en el documento, lo que contribuyó a generar un amplio apoyo de 21 votos a favor y solo 3 en contra.

Linyi Baidal, Ministra Consejera de Costa Rica ante la OEA

El texto reitera la grave preocupación de la OEA, por todos los actos de violencia, represión y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, exige que se identifique a los responsables de la violencia, a través de los procedimientos legales correspondientes, así como el desmantelamiento de los grupos parapoliciales.

Durante su intervención en el Foro, la Ministra Consejera Linyi Baidal expresó que Costa Rica como país co proponente del proyecto de resolución “se siente agradecido y alentado, pero no satisfecho”.

“No lo podemos estar porque la situación en Nicaragua continúa deteriorándose; jóvenes estudiantes, hombres y mujeres sencillos y trabajadores siguen siendo víctimas mortales de la represión y la barbarie. No, no son terroristas como se les ha querido calificar”, agregó.

Además, recordó que este 19 de julio se conmemorará un aniversario más del triunfo de la Revolución Sandinista, “un movimiento que se gestó para acabar con el abuso y la represión contra su pueblo, no para repetir casi cuatro décadas después, las mismas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, intimidaciones contra manifestantes, contra medios de comunicación, contra jóvenes estudiantes, contra defensores de los derechos humanos y contra miembros de la Iglesia Católica”.

El texto aprobado en la OEA condena también los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional, los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la sede de Caritas y otros manifestantes pacíficos.

“No podemos permitir que más de trescientas personas hayan muerto en solo tres meses y que sus nombres queden en el olvido. Lo que sucedió el fin de semana pasado en Nicaragua es reprochable y así lo ha manifestado el Gobierno de Costa Rica”, afirmó la Ministra Consejera Linyi Baidal.

Por su parte, la Vicepresidenta y Canciller de la República, Epsy Campbell, expresó que “Costa Rica no puede permanecer impávida y silenciosa. Seguiremos alzando nuestra voz en defensa de un pueblo que vive una de las peores y más sangrientas represiones; seguiremos alzando nuestra voz hasta que la razón y el buen juicio regresen a Nicaragua y su gobierno dé marcha atrás a esta oleada de violencia y represión”.

La resolución urge también al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes, a que participen activamente y de buena fe en el Diálogo Nacional, como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles.

Además, exhorta a las autoridades nicaragüenses a que colaboren para la efectiva implementación de los esfuerzos tendientes a fortalecer las instituciones democráticas, a través de la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA, y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional.

Rechazo a proyecto de Nicaragua

Durante la sesión de este miércoles, el Consejo Permanente de la OEA rechazó un proyecto de resolución, impulsado por Nicaragua, en el que ese país pretendía condenar “que los grupos opositores golpistas utilizaran el Diálogo Nacional para tratar de legitimar sus acciones criminales, acciones armadas contra la población civil y policías, coludidos por grupos internacionales de crimen organizado y terrorismo, para desestabilizar al Estado de Nicaragua”.

Esa posición tuvo únicamente el apoyo de Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas.

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