Cuando Vladimir Putin fue nombrado primer ministro, muchos pensaban que el desconocido jefe del ex-KGB continuaría las reformas democráticas tras la caída de la Unión Soviética. Pero desde entonces impuso su poder unipersonal y veinte años más tarde parece decidido a conservarlo.

Estas últimas semanas, la negativa de las autoridades a dejar que la oposición se presente en las municipales de varias grandes ciudades rusas, entre ellas Moscú, así como la dura represión policial y judicial del movimiento de protesta que siguió dejan pocas dudas.

Tras haber marginado a todas las voces críticas, el exagente de los servicios de inteligencia de 66 años, popular por devolver a Rusia a un lugar preponderante en el escenario internacional y logrado cierta estabilidad, no piensa dejar que la oposición asome la cabeza.

Y eso a pesar de que la Constitución no le permite presentarse a un nuevo mandato en 2024.

La historia comenzó el 9 de agosto de 1999 cuando Borís Yeltsin anunció que nombraba al director del FSB, heredero de la KGB soviética, al frente del gobierno.

Los analistas veían en él a un representante de los servicios de inteligencia capaz de poner fin a la inestabilidad política y a la revuelta en el Cáucaso.

También a un hombre de Estado eficaz que inició su carrera junto al liberal alcalde de San Petersburgo, Anatoli Sobchak, y fue elegido por el clan Yeltsin para mantener a Rusia en la senda de la economía de mercado.

Debilitado, el por entonces presidente, que renunciaría el 31 de diciembre en favor de su delfín, explicó a la televisión que Putin se encargaría de «consolidar la sociedad» y «garantizar la continuación de las reformas».