Tel Aviv, 14 dic (Sputnik).- El relevante director del Centro Tzohar de Ética Judía, en Jerusalén, propone sancionar a quien se niegue a inocularse contra el coronavirus, una opinión poco popular en la comunidad judía ultraortodoxa a la que pertenece.

«Cualquiera que se niegue a recibir la vacuna contra el coronavirus debería recibir sanciones sociales limitadas como resultad», dijo el rabino Yuval Cherlow, en un comunicado, recogido por la plataforma Ynet.

Las sanciones propuestas por Cherlow, quien es un destacado especialista en ética en Israel, consistirían en evitar que las personas frecuentasen establecimientos comerciales como tiendas minoristas y transporte público. A su juicio, las empresas deberían solicitar a los clientes pruebas de que han sido vacunadas, y el transporte público y los vuelos tienen la obligación ética de rechazar a quienes aún no lo han sido.

Aunque las escuelas también tendrían la obligación, Cherlow admitió que la naturaleza exacta con respecto al contagio infantil no se comprende completamente, por lo que necesitaría más investigación antes de imponer tal política.

«Se convierte en una cuestión ética cuando la decisión que las personas toman por sí mismas impacta en los demás, en este caso, aumenta el riesgo de una infección generalizada al negarse a la inoculación», explicó Cherlow y acotó que «no podemos permitir que ciertas personas, que ignoran la abrumadora ciencia que apoya la vacunación generalizada, afecten al destino de la población en general».

Cherlow insistió en que las sanciones no deben utilizarse como un castigo por no estar vacunado, sino como incentivo para vacunar.

«Si sancionar a quienes actúan en contra de la ciencia es una forma más de alentar a las personas a comportarse de manera responsable, entonces ciertamente está dentro del ámbito del comportamiento social tanto ético como responsable. Pero es fundamental entender que la promulgación de sanciones sólo puede tener lugar después de sopesar cuidadosamente los derechos de elección personal y privacidad de las personas con los intereses del público de protegerse, por lo que sólo se deben considerar aquellas acciones que son vitales para proteger al público».(Sputnik)