[Fotografía descripción] Indígenas denuncian el incendio de las tierras recuperadas como táctica de los finqueros para que abandonen el terreno. Foto: Ditsó Costa Rica.
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San José, 8 jun (Sputnik).- Un informe de Naciones Unidas señala la impunidad que impide la protección de los defensores indígenas en Costa Rica, lo cual fue confirmado este lunes por la abogada y activista Larissa Arroyo, quien critica en particular la falta de acción de la Defensoría de los Habitantes.

«Al día de hoy sigue sin actuar, la Defensoría, al punto que la última vez que le pedimos reunión nos dijo que nos avisaría cuando pasara la emergencia del Covid-19 y que estaban preparando algo», denunció Arroyo, presidente de la Asociación Ciudadana (Acceder), en su blog Lara en las Nubes.

La denuncia de Arroyo coincide con la divulgación de un informe de la relatoría de la ONU para procedimientos especiales de derechos humanos, que refleja la impunidad en los ataques a los defensores de los pueblos originarios, y la falta de rendición de cuentas de las autoridades sobre los crímenes cometidos y debidamente denunciados.

Varias organizaciones y activistas alertan hace años sobre la ausencia de un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, así como el reconocimiento y registro de crímenes cometidos en su contra, y de un protocolo para investigarlos.

Prueba de ello fueron los asesinatos de Sergio Rojas, un líder indígena Bribri, y de Jehry Rivera, dirigente Bröran, a despecho de las medidas cautelares ordenadas desde 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado costarricense garantizara la integridad de los miembros de dichos pueblos.

«En todo caso, espero que este pronunciamiento sacuda por fin al estado costarricense y cumpla con su deuda de larga data y su deber jurídico de protección especial a las personas defensoras de derechos humanos», señaló Arroyo respecto al informe recién emitido en Ginebra.

Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y responsable del referido reporte, señala que a 14 meses del asesinato de Rojas «todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables».

Costa Rica estableció en 1977 un marco legal para redistribuir la tierra indígena ancestral ocupada por personas no originarias, pero su implementación ha sido lenta, y los ocupantes reaccionan con violencia a los intentos de los nativos de recuperar su espacio.

La presencia policial aumenta en las comunidades indígenas, pero las investigaciones quedan inconclusas, y como consecuencia, las víctimas y sus familiares son amenazadas y agredidas por los presuntos perpetradores.

Al cierre de esta información, ni la Defensoría de los Habitantes ni el Gobierno de Costa Rica se han pronunciado sobre esta denuncia de Naciones Unidas. (Sputnik)