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Redacción, 29 junio 2020.- A pesar de que Acueductos y Alcantarillados ya está realizando la devolución del dinero cobrado de más durante los últimos meses, los diputados que conforman la Comisión de Derechos Humanos cuestionaron el manejo tarifario de la institución y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en medio de la pandemia por el Covid-19.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge señaló que mediante una directriz el AyA estableció que la facturación sería promediada, lo que aumentó los gastos de las familias, mientras que para los grandes contribuyentes si se debía hacer la medición en el sitio.

La legisladora le preguntó a Roberto Jiménez Gómez, Regulador de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por qué se esperaron a tener 2 mil denuncias para actuar para frenar el alza en las tarifas.

Jiménez explicó que se realizan monitoreos constantes sobre el servicio de agua potable y si se dan cortes constantes no se puede cobrar toda la tarifa.

Señaló, además, que el servicio de agua es el que presenta más problemas, debido a que en el país existen zonas donde sobra el agua y otras donde falta.

El Regulador explicó que en marzo el AyA tuvo un problema de facturación y en mayo las facturas fueron muy altas. El Regulador criticó la primera respuesta de atención, pero resaltó que Acueductos al revisar se dieron cuenta del error y rápidamente realizaron las gestiones para devolver lo cobrado de más.

Ante la pregunta de la diputada oficialista, Nielsen Pérez sobre qué legislación se requiere para evitar este problema de tarifas, el Regulador explicó que no se requiere tanto legislación sino realizar las mediciones en el campo.

Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva, aseguró que “el AyA no está para quitarle un peso a nadie y que si hubo un cobro de más, ese cobro de más se corrige y se devuelve”.

Astorga insistió en que no se pretende “robarle a nadie” y cuando se han dado cobros de más, existen los medios para realizar los reclamos.

Explicó que cuando no se pueda revisar el medidor la facturación se realizará por medio de un consumo promedio. La no lectura se dio principalmente en el Área Metropolitana con la finalidad de proteger la salud de los funcionarios de la institución.

Manuel Salas Pereira, Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicó que cerca de 30 mil facturas fueron afectadas, cerca de un 6 por ciento. “Hemos pedido disculpas por este error”.

La congresista María Vita insistió en que se dieron abusos por parte del AyA.

Por su parte, la diputada Pérez preguntó sobre el número de personas que se vieron afectadas por el cobro del IVA. A lo que Astorga respondió que fueron cerca de 3 mil casos.

La jerarca del AyA resaltó la urgencia de una Ley integral del Recurso Hídrico para de esta manera poder cumplir con la reforma Constitucional del Derecho Humano al Agua