San José, 11 junio 2020.- Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público, enviaron al Ministerio Público, la investigación que llevó a cabo con relación a la construcción de una soda y un archivo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El monto presupuestado inicialmente por esa institución para la construcción del edificio era de doscientos treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos veinte colones (235.454.320.00), al finalizar la construcción de este edificio, el costo del mismo ascendió a aproximadamente 1.100 millones de colones, representando un aumento de casi un 300% respecto al monto presupuestado inicialmente.

Según el informe aprobado, dicho aumento, de casi un 300%, se dio en medio de la crisis fiscal en que se encontraba el país en el período 2014-2018 y ninguna de las autoridades con alguna responsabilidad en la toma de decisiones del proceso de construcción de la soda-archivo del MAG, hicieron alguna gestión para reconsiderar el aumento desproporcionado en la inversión.

La mayoría de diputados responsabilizó de estos actos a la actual Viceministra Ana Cristina Quirós Soto, quien para esta fecha era Oficial mayor y Directora Administrativa Financiera del MAG, así como Coordinadora del proyecto y que según los diputados, faltó al deber de probidad en el manejo de recursos públicos ya que la obra pasó de 235 millones a 1.100 millones.

Los diputados ordenaron el traslado al Ministerio Público de una copia fiel de este expediente legislativo No 20.855, junto al presente informe, a fin de que investigue la posible comisión de varios delitos por parte de los funcionarios públicos señalados, así como para que establezca la eventual responsabilidad de los mismos.

La diputada Franggie Nicolás manifestó que el expediente va completo al Ministerio Público, por ilegalidad presunta recabado e investigado por parte de esta comisión, con nombres y apellidos quienes fueron los posibles trasgresores de esas posibles ilegalidades.

“En las recomendaciones si, efectivamente no vienen, pero sí detalla con nombres y apellidos personas que consideramos vinculadas a cada una de las situaciones que a nuestro parecer no estuvieron apegadas a la ley”, explicó la diputada.

Criterio similar externó el diputado Jonathan Prendas quien indicó que se está hablando de una soda, comedor y en un archivo que cuesta 300 por ciento más de lo que, en la buena práctica, tuvo que haber costado.

“Estamos hablando de que el Gobierno utiliza los recursos públicos, como quiere, en lo que gusta, y con criterios propios, sin que medie para eso un espíritu de control de gasto y eficiencia en el mismo” aseguró el legislador.

Por su parte, el diputado Luis Ramón Carranza señaló que presentará un informe de minoría sobre esta investigación, aunque aseguró estar de acuerdo en que las investigaciones siempre tienen que darse, pues el tema ya está judicializado.

“Ya existe toda una investigación que se está haciendo en ese tema y creo que ese es el interés supremo que tenemos los diputados y diputadas, que se llegue a una conclusión”, comentó Carranza.

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Por Redaccion

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