San José.-. El Plenario Legislativo inició el trámite en primer debate del Expediente 21.515 Régimen de responsabilidad de las diputaciones por violación al deber de probidad, el cual contiene el procedimiento administrativo para sancionar a los diputados que incurran en dicha violación y que según la reforma Constitucional aprobada permite el retiro de sus credenciales.

La sanción se podría aplicar para casos como legislar en beneficio propio para acogerse a amnistías tributarias, o por adaptar la legislación conforme a los intereses de grupos de poder por presión de lobistas entre otros.

La propuesta deposita el procedimiento administrativo sancionatorio en el Tribunal Supremo de Elecciones, con la finalidad de otorgar mayor objetividad e independencia en la investigación y resolución final, que garantiza el equilibrio de poderes.

La legisladora Carolina Hidalgo Herrera, proponente de la iniciativa manifestó que los diputados son los únicos funcionarios públicos que no son sancionados pues no hay un régimen disciplinario que pueda sentar responsabilidades.

El legislador José María Villalta Florez-Estrada recalcó que tras dos años de la aprobación de la Reforma Constitucional que permite la perdida de las credenciales de los diputados la ley que establece el procedimiento se encuentra pendiente.

Por esta razón el congresista resaltó la importancia del trámite del proyecto 21.515 para que se puedan aplicar los procedimientos en el caso de faltas graves al deber de probidad.

El congresista resaltó los casos de reuniones con personas ligadas al narcotráfico denunciado en los últimos días que aseguró podrían quedar en la impunidad sino se aprueba la legislación que se requiere para sancionar esas conductas.

Debido a que al proyecto se le presentaron mociones de fondo que deben ser tramitadas por la Comisión de Jurídicos que dictaminó el texto en discusión, su trámite en el Plenario se suspende a la espera de dicho informe.

El Plenario Legislativo además aprobó en primer debate con el apoyo de los 45 diputados presentes el Expediente 22176 ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de referéndum.