Tras denuncias de morosidad con la CCSS, la Asociación Obras del Espíritu Santo seguirá recibiendo fondos estatales

Paola Vega Rodríguez, diputada del Partido Acción Ciudadana presentó contra el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Acción Social de la Asociación Obras del Espíritu Santo, un reclamo que se plantee trasladar a la organización un total de ₡162 millones, a pesar de su deuda millonaria con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Así lo expresó en el documento presentado ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, que a inicios de este mes de noviembre dictaminó el proyecto de ley, dejándolo listo para su votación y aprobación en plenario.

Los fondos serían trasladados a la organización a partir de la redistribución de los ingresos que la Junta de Protección Social (JPS) le entregaba a la ahora desaparecida Casa Hogar Tía Tere, y se unirían al aporte estatal anual que la organización ya recibe y que, según el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) que señala el documento de la legisladora, para el periodo 2018 llegó a ₡215,1 millones, transferidos por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) (₡158.6 millones) y la Junta de Protección Social (₡56,5 millones).

También en el Semanario Universidad, Obras recibe, otros ₡2.500 millones anuales por parte de donaciones privadas y está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado que entró en vigor en julio de este año. En su dictamen, la legisladora reclama que se destinen recursos a una organización de que por sí ya recibe y de varias instituciones.

Desde mediados de mayo pasado Vega empezó a señalar una serie de dudas respecto al manejo de los fondos públicos que realiza el programa Obras del Espíritu Santo. Las primeras interrogantes encontraron sustento en un Informe del Departamento Financiero-Contable del PANI que señaló «un nivel medio de riesgo en temas de manejo de los fondos» por parte de la organización del padre Sergio, indicando que falta control en Obras para definir si el manejo de sus fondos públicos es el adecuado.

Además, en esa ocasión la legisladora había asegurado que en su despacho ha recibido denuncias sobre familiares y voluntarios de la asociación que han llegado «llorando hasta la Asamblea Legislativa para externar todo lo que ahí sucede», denunciando una larga lista de irregularidades.

El dictamen afirmativo que avaló el proyecto de ley en la Comisión de Hacendarios, fue aprobado con una votación 6 a favor contra el único voto negativo de Vega. A partir de ahora queda a la espera de su trámite en plenario.

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