San José.- La Contraloría General de la República (CGR), emitió un análisis a la Asamblea Legislativa sobre las Juntas de Educación y Administrativas, creadas en 1944 como un mecanismo de participación y control ciudadano, cuyo rol remite al cuido y vigilancia para la buena marcha de los centros educativos. Parte de su gestión se centra en facilitar la provisión de servicios complementarios a los centros educativos, para lo cual recibieron recursos del Presupuesto de la República, entre otras fuentes, por el orden de ¢289.530 millones en el año 2019.

Las Juntas tienen una naturaleza muy particular dado que están sometidas a las directrices del MEP pero los nombramientos y destituciones de sus miembros son competencia de los Gobiernos Locales. Gran parte de sus funciones les han sido asignadas reglamentariamente y sobrepasan la capacidad operativa de un órgano comunal y ad honorem, ante un eventual exceso en el ejercicio de la potestad delegativa del MEP. A junio de 2019, se contabilizaban 4.554 Juntas, número que varía en el tiempo ante la apertura/cierre de centros educativos.

La CGR analizó una muestra de los presupuestos ordinarios y extraordinarios para el 2018 de 1.441 Juntas, pertenecientes a 10 Direcciones Regionales del MEP, y determinó:

El informe de la CGR concluyó que el sistema bajo el que operan las Juntas desincentiva la participación; la carencia de información sistematizada y con atributos de calidad, afecta la rendición de cuentas, la transparencia y la prevención de la corrupción; la poca claridad y dispersión del ordenamiento técnico-jurídico también afecta el apego a las normas, así como el logro de los resultados (eficiencia y eficacia).

Asimismo, la CGR indicó que es pertinente revisar el modelo bajo el cual trabajan las Juntas, para readecuarlo según su capacidad operativa y dada su naturaleza como un mecanismo de participación y control ciudadano. Urge una revisión profunda del marco normativo que regula el otorgamiento, propósito y rendición de cuentas en torno a los recursos públicos que perciben las Juntas, aparte de explicitar la naturaleza jurídica de estas entidades.