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San José, 25 junio 2020.- Tras concluir el proceso de investigación, la Unidad Especializada de la Fiscalía General finalizó la acusación contra el exmagistrado Gamboa Sánchez, el empresario importador de cemento Bolaños Rojas y el primo de este, de apellidos Rojas Segura, imputados en la causa penal 17-000015-0033-PE.

El requerimiento fue comunicado ayer a la Procuraduría General de la República (PGR), que figura como parte afectada en el proceso; a partir de ello, esta cuenta con tres días hábiles para informar si se constituirá en querellante, es decir, si presentará una acusación particular, y si recurrirá o no a una acción civil resarcitoria, para reclamar un monto económico por los daños y perjuicios sufridos a raíz de los hechos.

Cumplido este plazo, la PGR tendrá 10 días más para formular y presentar dichos documentos; una vez que los reciba, la Fiscalía remitirá estas gestiones, junto con la acusación, al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, para que se programe una audiencia preliminar.

La acusación. En su requerimiento, la Unidad Especializada señala a Gamboa por presuntamente haber recibido como dádiva un viaje a Panamá, con los gastos de tiquete aéreo y hospedaje cubiertos por el grupo económico de Bolaños; este se realizó del 09 al 10 de octubre del 2016.

En apariencia, como resultado del beneficio otorgado, el exmagistrado efectuó un acto contrario a sus deberes como magistrado de la Sala de Casación Penal, al no inhibirse de resolver la solicitud de desestimación de la causa 15-000022-0033-PE, en la que se señaló a los exdiputados Morales Zapata y Guevara Guth, además de los imputados Céspedes Salazar y Bolaños Rojas, por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de este último.

Según la acusación, los mencionados gastos de tiquete aéreo y hospedaje fueron pagados por Rojas Segura, quien fungía como gerente general del grupo empresarial de Bolaños, a solicitud de este. Por estos hechos se acusa a Gamboa por el presunto delito de cohecho propio, al empresario por un supuesto delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y a Rojas por presunta penalidad del corruptor en calidad cómplice.

Por otra parte, la pieza acusatoria hace referencia a hechos ocurridos la tarde del 18 de abril del 2017, cuando, aparentemente, el exmagistrado y el empresario se encontraron en las afueras del edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José.

Se cree que Gamboa, en su condición de juez de la Sala III, digirió y acompañó a Bolaños hasta el área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde, en el escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se emitiera un documento en el que constaba que no existía ninguna causa abierta en su contra, gestión que fue realizada.

Según la Unidad Especializada, el exmagistrado habría impuesto su condición de jerarca del Poder Judicial para conseguir una ventaja indebida en favor de Bolaños, por lo que le acusa por el presunto delito de tráfico de influencias.

Más hechos. El 24 de octubre del 2017, Gamboa Sánchez compareció ante la Comisión Especial que se creó en la Asamblea Legislativa, para investigar una serie de hechos relacionados con las operaciones crediticias otorgadas para la importación de cemento chino.

La acusación plantea que el exjuez faltó a la verdad estando bajo fe de juramento, pues, supuestamente, mintió en algunas de sus afirmaciones; entre estas, sobre la forma de adquisición del boleto y hospedaje en Panamá, así como sus traslados en ese país, y acerca de la habitualidad de su contacto con Bolaños. Por ello, la Fiscalía le imputa el presunto delito de perjurio.

Bolaños Rojas, por su parte, también habría faltado a la verdad pese a estar bajo la fe de juramento. Se presume que esto ocurrió el 14 de diciembre del 2017, cuando rindió testimonio frente al órgano director de un proceso disciplinario, el cual fue ordenado por Corte Plena para determinar si Gamboa había incurrido en una falta administrativa vinculada con múltiples señalamientos públicos hechos en su contra.

En apariencia, el importador de cemento mintió sobre hechos que eran de su conocimiento, entre otros, acerca del tiempo que tenía de conocer al entonces magistrado Gamboa y la frecuencia de sus comunicaciones; además, respecto de los motivos del viaje de este a Panamá y el desconocimiento de la forma de pago del tiquete y hospedaje.

A raíz de esas acciones, la Unidad Especializada lo acusa por la presunta figura penal de falso testimonio.

En la eventual audiencia preliminar ante el Juzgado Penal de Hacienda, la representación fiscal expondrá su acusación y solicitará que el caso se eleve a un juicio oral y público.