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El Gobierno anunció que a principios del mes de octubre negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un plan de consolidación económica que contempla la introducción de cuatro nuevos impuestos que, de acuerdo con el Ejecutivo, pueden evitar una crisis y más desempleo tanto en el sector privado como público.

En un mensaje a la nación el jueves, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, pidió ayuda a todos los sectores del país, previamente a presentar al FMI la propuesta, denominada ‘Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia’.

“Tenemos margen para evitar una crisis, tenemos que actuar y actuar rápidamente”, explicó Quesada, quien agregó que las medidas son tomadas a raíz de la pandemia y son necesarias.

“Necesitamos mantener la estabilidad económica y activar el empleo, para mejorar la situación del país generada por el COVID-19. Si no actuamos, el riesgo está en altas tasas de interés, en devaluación, en más desempleo privado y público y en pobreza, lo cual afectaría a todos y con particular gravedad a los más pobres. Por eso hay que actuar y hay que hacerlo con rapidez: la demora en esto nos saldría muy cara”, aseveró el presidente.

Conferencia de presentación de propuesta que realizara el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) 17 de septiembre 2020

La propuesta incluye medidas puntuales para reducción del gasto, mejora en la recaudación de impuestos y venta de activos del Estado:

1- Aplicación de la regla fiscal

2- Proyecto de Ley de Marco de Empleo Público

3-Cierre y fusión de órganos des-concentrados

4-Reestructuración de de servicios de apoyo de órganos desconcentrados

5-Congelamiento salarial mientras la deuda sea superior al 60%

6-Reducción de presupuestos extraordinario 2020

7-Reducción de partidas superfluas 2020

8-Renegociación y recorte de alquileres en el sector público

9- Renegociación y recorte de gastos equipos y programas de cómputo .

un financiamiento de $1750 millones.

Medidas fiscales permanentes y temporales

El tributo a las transacciones electrónicas y cheques es parte de las 9 medidas fiscales temporales en ingreso, gasto y activos.

Presentación del Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia

Con esto se cobrará durante cuatro años una pequeña tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores. Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.

Se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública.

Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.

En el caso de los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. ¿En qué casos aplica? Se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.

En cuanto a las utilidades, no aplica para aquellas personas o empresas que no perciban utilidades. En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas aquellas que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales a 10 puntos porcentuales en el último tramo. A las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta. Para aquellas personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo.

Además, se cobrará un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.

También se proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.